La instalación de cámaras en comunidades de vecinos llega a ser problemática. Aunque mejoran con creces la seguridad, algunos residentes pueden no aceptarlas. Quizás piensen que es una forma de entrometerse en su privacidad o que no son necesarias. En cualquier caso, es importante que sepas cómo resolver este conflicto de manera constructiva.
¿Qué normativa rige la instalación de cámaras en comunidades de vecinos?
Lo primero que debes tener en cuenta es la legislación. La instalación de cámaras de seguridad está regida por la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. En su articulado se establecen las bases para el tratamiento legal y responsable de imágenes que puedan identificar a personas, lo que garantiza la privacidad y derechos fundamentales.
Además, el Código Penal, en su artículo 197, obliga a que la instalación y uso de cámaras se haga respetando el derecho a la intimidad de los afectados y la proporcionalidad. Por tanto, teniendo en cuenta ambas leyes, hay que prestar atención a varias implicaciones:
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Las cámaras deben instalarse en espacios comunes para no captar zonas privadas como el interior de viviendas o áreas de uso exclusivo.
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La instalación debe acordarse en junta de propietarios, tal y como indica la Ley de Propiedad Horizontal.
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Hay que informar mediante carteles visibles que la zona está bajo videovigilancia.
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Las grabaciones se conservarán solo por tiempo limitado, salvo que sean necesarias para investigar un incidente.
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El sistema de cámaras de videovigilancia en comunidades garantizará la seguridad de los datos y limitará el acceso solo a personal autorizado.
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Lo que puedes hacer en caso de que surja un conflicto con vecinos
Más allá de conocer las normas, llegar a un acuerdo para instalar cámaras en comunidad puede ser difícil. Si no se realizan las negociaciones con suficiente tacto y empatía, algunos vecinos se enrocarán en su negativa, lo que afectará a todos. A la hora de actuar, fíjate en los siguientes consejos.
Solicitar la ayuda de un mediador
Recurrir a un mediador es una solución eficaz para evitar tensiones y resolver el desacuerdo de forma pacífica. Al fin y al cabo, es un profesional imparcial y neutral especializado en facilitar el diálogo entre las partes involucradas. Además, su objetivo siempre será alcanzar un acuerdo consensuado que respete los intereses de todos.
La mediación es muy recomendable cuando las discusiones se estancan o se agravan tanto que afectan a la convivencia. Este proceso puede realizarse a través de servicios públicos municipales, colegios profesionales de mediadores o entidades privadas especializadas.
Mantener una adecuada comunicación
La comunicación es fundamental, tanto para explicar los requisitos legales de la videovigilancia como para transmitir el proyecto. Procura que informar a todos los vecinos sobre los motivos, beneficios y alcance de la instalación. Explica qué zonas serán grabadas, el sistema de conservación de las imágenes y, en especial, las garantías legales que existen para proteger su privacidad.
Denuncias para casos graves
Tras probar todas las opciones disponibles y haber obrado de buena fe, quizás no quede otro remedio que denunciar. Por tanto, es el último recurso al que se puede recurrir, pues sus implicaciones son graves. Si detectas que se obstaculiza la toma de decisiones en junta de propietarios sin motivo o se llega a poner en riesgo a la comunidad, es momento de actuar, aunque siempre tras meditar a fondo.
En definitiva, la instalación de cámaras en comunidades de vecinos debe realizarse con suficiente delicadeza. Sé empático en todo momento y recurre a un servicio de mediación de calidad. En Prevent contamos con profesionales experimentados y que conoce la legislación con sumo detalle. ¡Llámanos para ayudarte!
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