Instalar cámaras en una piscina comunitaria o cerca de ella puede ser problemático. Se trata de una zona sensible que quizás levante suspicacias entre los vecinos. ¿Qué se va a hacer con las imágenes? ¿Hay alguien al otro lado de los dispositivos? Ante estas y otras cuestiones, debemos utilizar las respuestas que nos dan las normativas vigentes.
Lo que dice la ley
La instalación de cámaras de videovigilancia en zonas comunes es legal, aunque se deben cumplir unos requisitos estrictos. Para empezar, la comunidad de vecinos tiene que aprobar la colocación mediante el acuerdo favorable de las tres quintas partes de los propietarios, según nos dice el artículo 17.1 de la Ley de Propiedad Horizontal.
Además, las cámaras solo pueden enfocar a las zonas comunes. Está prohibido grabar áreas privadas, como viviendas, baños o vestuarios, así como la vía pública, salvo una franja mínima necesaria para controlar los accesos al inmueble. También debemos cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, que pide informar a los usuarios por medio de carteles de que el reciento está vigilado, entre otras indicaciones.
En cuanto al acceso de las imágenes captadas, solo los responsables del tratamiento de los datos podrán comprobarlas. Por lo general, el presidente de la comunidad es el encargado de tal tarea. Asimismo, las grabaciones realizadas se conservan con un periodo máximo de 30 días.
También es preciso que respetemos los principios de proporcionalidad y necesidad. Existe una amplia jurisprudencia al respecto, ya que han dado numerosos conflictos vecinales por cámaras. De este modo, solo las instalaremos si son necesarias y atendiendo a las características del recinto.
¿Cómo actuar si se dan quejas o amenazas de denuncia?
Ahora que sabemos la legalidad de las cámaras en piscinas, ¿qué podemos hacer si surge un conflicto? Aunque la ley nos avale, algunos vecinos dudarán sobre la legitimidad de la instalación. En situaciones así, disponemos de diferentes soluciones a nuestro alcance:
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Verificar la legalidad del sistema instalado. Lo primero es comprobar que la instalación de videovigilancia actual cumple con todos los requisitos legales. Es decir, revisaremos si se aprobó por mayoría cualificada en junta, el cumplimiento del RGPD, que la cartelería informativa sea visible y que las cámaras estén enfocadas solo a las zonas comunes sin invadir la intimidad de ningún vecino.
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Documentación accesible y actualizada. Es recomendable disponer del contrato con la empresa instaladora, el registro del tratamiento de datos o el protocolo de acceso y conservación de las imágenes. Esto permitirá responder con seguridad ante cualquier duda o queja proveniente de la Agencia Española de Protección de Datos o de los propios vecinos.
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Comunicación clara y conciliadora. Ante una queja, debemos contactar con la persona afectada y explicarle de forma clara los motivos de la instalación, las garantías legales aplicadas y el uso limitado de las grabaciones. Escuchar y ofrecer vías de diálogo puede evitar conflictos mayores.
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Asesoramiento jurídico. En caso de amenaza formal de denuncia, es aconsejable que contemos con el respaldo de un abogado especializado en protección de datos o del propio seguro jurídico de la comunidad, que podrá responder a requerimientos legales o defender la actuación comunitaria si ha sido conforme al derecho.
A la hora de justificar unas cámaras en la piscina comunitaria, la ley está de nuestro lado. Siempre que cumplamos con los requisitos impuestos por la normativa, no deberían darse grandes problemas. En caso de que algún inquilino tenga dudas, tenemos que mostrarnos abiertos, conciliadores y empáticos. Solo así evitaremos que la situación escale en gravedad.
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