Actualmente con las leyes en las manos parece imposible pensar que una casa pueda ser desocupado en pocas horas, los expertos opinan que en los mejores casos se podría producir el lanzamiento en un plazo de unos 30 días, pero si la situación se complica, el propietario tendría que esperar desde 6 a 24 meses.
Una situación que para todos los propietarios se convierte en semanas y meses sin dormir, sin saber cuando terminará y como se encontrarán la vivienda ocupada. Para terminar con esta desgarradora situación que hoy están viviendo cerca de 100.000 propietarios, un grupo de economistas propone una serie de medidas para erradicar la “ocupación ilegal de viviendas” que crece año tras año cerca de un 10%.
Lo que este grupo de economistas solicita al gobierno e instituciones públicas son herramientas legales, penales, administrativas y fiscales para que las viviendas puedan se recuperadas en 48 horas.
Según este grupo de expertos, todo se puede iniciar mediante la reforma del juicio verbal, para que el propietario pueda recobrar de forma inmediata la posesión de un bien inmueble destinado a vivienda que ha sido ocupado ilegalmente.
Con esta medida estiman que la vivienda en menos de 30 días podría volver a las manos de su legal propietario, pero para ello es indispensable que se defina con claridad el concepto de “usurpación de vivienda habitual”, que según indican, en la actualidad que a decisión del tribunal la interpretación, algo que no ocurre en el resto de países de nuestro entorno.
Este grupo de economistas abogan por la creación de forma inmediata de un registro municipal de viviendas ocupadas de forma ilegal, y la habilitación a los ayuntamientos para que con las fuerzas y cuerpos de seguridad, puedan desalojar de forma inmediata, en un máximo de 48 horas, las viviendas incluidas en ese listado.
Luchar contras las mafias que actualmente están haciendo negocio con la ocupación ilegal, mediante el asalto de viviendas y un posterior chantaje para volver a recuperar su uso, debería ser prioritario también para las administraciones según este grupo de expertos, pero reclaman que también hay sectores que están mirando a otro lado y se convierten en actores principales, como los cerrajeros que cambien las cerraduras de casas “ocupadas”, y se convierten automáticamente en cómplices necesarios del delito.
Los economistas solicitan herramientas administrativas para que las compañías suministradoras de agua, gas y energía eléctrica puedan cortar los suministros de forma inmediata, para proteger al propietario, tanto en el gasto ilegal que están realizando en la vivienda ocupada, como posibles averías por su mal uso, y reclaman una fiscalidad positiva, que limite cargas fiscales durante el tiempo que dure la ocupación, como IBI, impuesto de patrimonio,...
Las comunidades de vecinos también deberían ser habilitas como afectados, y permitirles ejercer la acción judicial contra la ocupación, con acciones tan sencillas como el corte de suministros comunes sin que pueda ser declarado como delito.
