Poco más de 40% de las ayudas concedidas por la Unión Europea para la reforma de viviendas en comunidades, han sido entregados por parte del gobierno a las Comunidades, esto está provocando alarma entre los vecinos.
La anunciada noticia que ponía remedio a los problemas históricos de las comunidades de vecinos para recibir subvenciones, al carecer de personalidad jurídica propia, había creado muchas ilusiones, alimentadas por las noticias provenientes de Europa que han fomentado que muchas comunidades decidieran dar el paso a una mejora de su eficiencia energética.
Estas líneas de avales gestionadas por el ICO, y del que se han entregado poco más de 400 millones de euros a las Comunidades Autónomas, ascienden a 1.100 millones de euros, que se tendrán que devolver a Europa si no son gestionados correctamente.
Las comunidades de propietarios han realizado inversiones, en muchos casos superando las decenas de miles de euros, para cumplir con la norma, y reducir por debajo del 30% el consumo de energías no renovables, pero no están recibiendo las subvenciones al no estar los fondos asignados en su Comunidad Autónoma, lo que está frenando a que se siga trabajando en la mejora energética de las comunidades de vecinos, tales como paneles solares, calderas inteligentes, repartidores de costes de calefacción o geotermia, entre otros.
El problema es que muchas de las decisiones se han tomado mediante una mayoría simple entre los propietarios para sacar adelante no solo la solicitud de ayudas y financiación, sino los presupuestos de las obras y la forma y términos del pago de este, lo que está provocando fuertes tensiones entre los vecinos, al tener que hacer frente a derramas que pensaban que serían abonadas por el gobierno, y los retrasos están afectando en un momento donde la crisis económica está golpeando muy fuerte.
Aunque la ley obliga a que el coste -tras descontar subvenciones y ayudas públicas- de aquellas intervenciones que requieran de acreditación vía certificación energética del edificio no podrá ser superior al importe de nueve mensualidades ordinarias de gastos comunes, lo cierto es que tras la demora de estas subvenciones y ayudas, la factura total está provocando que las comunidades tengan que solicitar a sus vecinos un esfuerzo extra en los próximos 12 o 14 años, que no saben si serán devueltos desde el estado.
