La ocupación de pisos y locales es un delito y como tal está tipificado, al atentar contra la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la libertad y a la seguridad, además de suponer una violación del derecho a la propiedad privada.
Es un fenómeno que en todas las comunidades de vecinos genera una gran preocupación social y una innegable sensación de inseguridad, por el delito y en muchos casos por una aparente falta de seguridad en la justicia.
La ocupación ha de ser juzgada por los delitos de allanamiento de morada y usurpación, pero solo si no ocurren por una familia que tras finalizar un alquiler se quedan en situación precaria.
Para remediar esta situación, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un servicio para dar asistencia e informar a aquellos ciudadanos afectados por este delito con el objetivo de agilizar el proceso legal derivado de las situaciones de ocupación.
A través de esta plataforma, el propietario podrá contar con información inmediata acerca de los aspectos jurídicos y operativos, así como los diferentes recursos disponibles por la Administración para actuar frente a la ocupación.
Para contactar con esta plataforma la Comunidad de Madrid ha habilitado un teléfono gratuito, el 900 205 112, aunque son muchos los vecinos que llaman directamente al 112 y son derivados a este nuevo servicio.
La información que recibe un propietario que ha visto como su vivienda o local ha sido ocupado son las opciones para proteger su propiedad en los tribunales, recopilar información sobre una posible actuación de la Policía y que pueden obtener de las Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos.
Tras la asistencia por parte de la policía, desde el 900 205 112 nos informan de las diferentes vías jurídicas para actuar frente a este delito. Un punto en el que hacen especial hincapié es en la comprobación real de la presencia de personas vulnerables que necesite intervención de los servicios sociales, una de las principales artimañas que usan los ocupas para alargar los procesos judiciales y su delito.
Según la propia Comunidad de Madrid, este servicio ha sido creado para cubrir una serie de problemas habituales en los procesos de ocupación:
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Evitar la dispersión en la información ante un hecho lacerante, constitutivo de delito en la mayoría de las ocasiones y al que, desde la información puntual y precisa, se dota de mayor celeridad y de impulso administrativo.
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Establecer un marco organizativo y funcional de ámbito regional para el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías y administraciones locales para la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas, locales y edificaciones.
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Asesorar a los ciudadanos sobre sus derechos y las actuaciones que deben llevar a cabo para poner en conocimiento de las autoridades la ocupación de sus propiedades.
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Coordinar las actuaciones entre los particulares, entidades y administraciones propietarias de los bienes ocupados y las fuerzas de seguridad para agilizar, en lo posible, las medidas que posibiliten la resolución de las ocupaciones dentro del marco legislativo de aplicación y establecer una base de datos que incluya las denuncias o avisos de ocupaciones en la Comunidad de Madrid.
Ya solo queda esperar para ver si este nuevo servicio cumple su misión.
